Según datos de la Unidad de Turismo y Cultura, dependiente del Gobierno Departamental Autónomo de Oruro, en el Carnaval 2010 se registró más de 4.500 turistas, tanto del interior como del exterior del país, dijo el encargado de control y normas de servicio turístico de la gobernación, Camilo Gómez Choque.
Los más de 102 hoteles en la capital, centralizaron el flujo turístico del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” de la gestión 2010, fue de 4.500 personas, de los que el 89 por ciento de visitantes procedieron del exterior y el restante del interior del país, explicó Gómez.
A comparación del año pasado el crecimiento fue mínimo por la serie de conflictos que se dieron en las fechas antes al Carnaval, “los conflictos sociales están paralizando el flujo turístico”, manifestó el responsable de control y normas de servicio turístico.
Por otra parte, también se denunció la habilitación de casas de hospedaje, que no se registraron en las oficinas de la Unidad de Turismo y Cultura, al igual que en la gestión 2009, puesto que se registró alrededor de 15 casas de hospedaje no autorizadas, pese a que se negó su licencia temporal por incumplimiento de requerimientos mínimos para albergar a turistas.
En proyección de la gestión 2011, se dará prioridad a la habilitación de centros de hospedaje legalmente establecidos y en el caso de casas de hospedaje o albergues, se otorgará los correspondientes permisos a solicitud de los interesados, previa inspección, velando por la comodidad del turista, dijo el responsable.
Las normativas y especificaciones para la habilitación de centros de hospedaje son claras, los interesados deben llenar un formulario donde debe figurar el número de habitaciones, el largo y ancho, y los servicios básicos puesto que “a los turistas no se les puede prestar una cama y un velador”, dijo Gómez.
Para aquellos centros legalmente establecidos que incumplan o infrinjan la normativa, serán sancionados administrativamente. Aquellos que funcionen clandestinamente serán sancionados con un monto económico o en todo caso en forma judicial.
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